Honduras: En vísperas de un posible acuerdo
Manuel Torres Calderón
ALAI AMLATINA, 06/10/2009.- Se habla mucho de que estamos en vísperas de
un acuerdo político, del que se asegura pondrá fin a la crisis actual.
Se afirma que será esta semana y se conjetura mucho sobre sus alcances.
Puede ser cierto o puede que no lo sea. En todo caso, el sacrificio
realizado por el pueblo – las muertes, los atropellos, las detenciones,
los abusos, el costo económico y social en estos tres meses de lucha-
demanda compromisos efectivos y transparentes. No puede ser un acuerdo
que toque sólo los intereses de unos pocos y deje a la deriva los de la
mayoría. Al contrario, es precisamente la consideración de los derechos
generales lo que debe constituir el criterio adecuado y fundamental para
la suscripción de un acuerdo. En ese sentido no se pueden esperar sólo
compromisos políticos y electorales en una crisis que también es
económica y social. Cuando se deja sola a la política tradicional y sus
protagonistas aparecen la corrupción, los intereses particulares y el
clientelismo, y se retoman los ingredientes que dan como resultado las
decisiones equivocadas.
Conviene recordar que este ha sido un golpe de Estado de un modelo de
poder que genera riquezas para unos a costa de crear mayor desigualdad,
inequidad y pobreza para otros. El marco legal que se reclama restituir
no se limita al retorno de Manuel Zelaya a la Presidencia, sino el que
ordena la realización progresiva de los derechos políticos, económicos,
sociales y culturales de toda la sociedad; no de un pequeño sector
privilegiado. En esencia se trata de sentar las bases de una
transformación real, con pasos y objetivos a corto y mediano plazo. Eso
es lo complejo de esta negociación, pero también lo impostergable.
El propósito no debe ser retornar al estatus quo de la Honduras previa
al 28 de junio, sino avanzar, o ¿acaso hemos tenido una sociedad
tolerante, solidaria, plural, deliberativa, objetiva en el análisis de
sus problemas, proponente para enfrentar los desafíos, respetuosa de los
derechos de los demás, sincera respecto a los propósitos de nación,
reflexiva, abierta a las ideas, donde nos reconocemos los unos a los
otros en la misma dimensión de los derechos, con identidad nacional, con
sentido de pertenencia, práctica y coherente en el abordaje de nuestros
problemas?
El golpe puso en evidencia que la imagen de democracia que proyectábamos
como nación no era cierta y que la transición constitucional iniciada en
1982 falló en la construcción de un Estado de Derecho democrático, con
una institucionalidad sólida e incluyente. Su ausencia es lo que explica
el conflicto, la ruptura del orden constitucional, la confrontación, el
irrespeto a los derechos, la decadencia social, la fragmentación y
desintegración. Por muy radical que podría haber sido el discurso del
Presidente Zelaya, jamás explicaría por sí mismo el estallido social de
los pasados meses. Hay mucho cinismo en quienes se asustan de la
polarización existente, cuando el modelo de dominación en Honduras se
fundamenta precisamente en la ausencia deliberada de cohesión social.
Ninguno de los mecanismos clásicos de la cohesión funciona en el país,
ni la educación, ni el trabajo, puesto que la carretera de la movilidad
social está bloqueada.
Esa desintegración, que asume expresiones ideológicas y políticas
concretas, es la que ha ido acumulando grados de tensión e
insatisfacción tan altos que de alguna manera explican la fractura
extrema que tenemos, y eso es clave recordarlo porque relativiza el
papel de los protagonismos personales o de mecanismos de convocatoria
colectiva como los procesos electorales.
La crisis de la sociedad hondureña es coyuntural pero también
estructural y por eso se revela multidimensional, pero en esencia si no
tomamos medidas para empezar a resolver el tema central de las
desigualdades, exclusiones e inequidades, cualquier pacto o acuerdo será
temporal e inestable. Es más, mientras más alejado estén los arreglos de
las raíces del conflicto, más desaprovecharemos esta oportunidad
histórica de transformar al país, como ya ocurrió después del impacto
del huracán Mitch en 1998.
Las biografías personales de las elites de poder y de las bases sociales
en resistencia son tan diferentes, tan disímiles, que la brecha es
imposible de cerrar de manera cosmética o superficial. La intensa
dinámica de protesta de los últimos cien días no ha sido provocada por
una oposición política y social vertebrada, con programas y proyectos
claramente identificables e ideológicamente sólidos. Ese tipo de
oposición, hasta ahora, no ha existido en el país. La mayoría de los
hondureños y hondureñas en resistencia han sido movilizados por una
acumulación silenciosa de humillaciones, de abusos en su contra, de
frustraciones y esperanzas fallidas, pero también por el deseo de contar
con un mejor país. Es la decisión personal que al sumarse a otras se
convierte en una decisión social. Esta no es la rebelión que la
izquierda tradicional aguardó por años; más bien le ha estallado en sus
manos. La palanca que la impulsa es la inconformidad que nace de las
injusticias objetivas, las que se palpan cada día en la violación
consuetudinaria de los derechos más elementales. Cada quien, a su
manera, con mayor o menor grado de entendimiento, anda en la cabeza su
propia deuda social por reclamar. Los que combaten este estallido a
fuerza de dictadura son, paradójicamente, quienes lo han originado y
estimulado, y que niegan reconocer su responsabilidad histórica. El
problema es que sin sentido de culpa, tampoco puede existir
arrepentimiento y a la mesa de negociaciones acuden pensando que siempre
tuvieron la razón y que el pueblo es el equivocado. Esa es la mentalidad
que busca ganar tiempo a las elecciones, no resolver la crisis. El Golpe
de Estado confirmó que lo verdaderamente pétreo en nuestra sociedad no
está en la Constitución, sino la mentalidad de una clase gobernante que
se espanta ante el reclamo de cambios y no quiere ceder ni un milímetro
de sus privilegios.
Ante ese muro de indiferencia, lo que el pueblo en resistencia ha
tratado de impulsar no es ni siquiera una revolución o que le quiten a
los ricos sus fortunas; es más bien un reclamo generalizado a favor de
la equidad y la justicia, que la institucionalidad funcione y se
respete, y que se restablezca la frontera entre lo público y lo privado;
que lo público sea público y lo privado; privado. Que la corrupción, en
fin, deje de ser la pandemia que desnaturaliza al Estado y pervierte el
rumbo de nuestra sociedad. Es la demanda de modernidad política frente
al atraso secular. Obviamente, se requiere más de cien días de lucha y
nuevos liderazgos para lograrlo; sin embargo, cualquiera sea el
contenido del pacto o acuerdo que se llegue a suscribir, Honduras entró
a un proceso de revisión de sí misma. Los cuestionamientos son diversos,
empezando por los conceptos fundacionales de "patria" y "democracia".
Sólo se puede entender como "patria" el lugar donde se reconocen los
derechos y por "democracia" el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ahí
puede nacer el acuerdo o el desacuerdo, como antes lo ha sido hablar de
"golpe" o "sucesión".
Seguramente no será fácil para la Resistencia –y hablo de su dirección-
abordar el tema de estas negociaciones y adoptar las decisiones
correctas. Seguro que está viendo al interior de su alianza con otros
grupos, precisando sus fortalezas y debilidades, sus grados de
coincidencia o desacuerdo (incluyendo el tema electoral), determinando
si Mel Zelaya hablará por ella o tendrá su propia voz. No será fácil,
además, porque las reuniones ya están en marcha, porque al asumir la
representación de muchos tiene que tener un criterio público y porque no
hay defensa real de los intereses del pueblo que no sea ética. Es
posible que haya quienes afirmen que más que ética lo que debe imperar
en la Resistencia es el pragmatismo y que este conflicto debe concluir
porque entró a su fase de cansancio, pero se debe desconfiar de quienes
hablen así porque lo ético –y vale la reiteración del término – es
innegociable; si se pierde ese valor o no se tiene, en cualquier momento
el poder compra. El reto es ganar autonomía, crecer como movimiento
plural pero con unidad de objetivos y sentar las bases de una nueva
convivencia democrática. La que no hemos tenido. Desde la Resistencia
nadie quiere un país destruido; al contrario, lo sueña fuerte. Ahí es
donde cobra mayor sentido la propuesta de elegir una Constituyente, y
también la de contar con una agenda de reformas sustanciales de Estado
–un acuerdo político, económico y social- que garanticen previamente que
una convocatoria de esa naturaleza no sólo sea posible, sino
democrática. El pueblo hondureño quiere un proyecto de país, pero antes
de eso reclama cambios concretos que le ayuden a mejorar sus condiciones
de vida y refuercen su sentido ciudadano de pertenencia a esta nación de
todos y todas.
- Manuel Torres Calderón es Periodista de El Inventario.
Más información: http://alainet.org
RSS: http://alainet.org/rss.phtml
Manuel Torres Calderón
ALAI AMLATINA, 06/10/2009.- Se habla mucho de que estamos en vísperas de
un acuerdo político, del que se asegura pondrá fin a la crisis actual.
Se afirma que será esta semana y se conjetura mucho sobre sus alcances.
Puede ser cierto o puede que no lo sea. En todo caso, el sacrificio
realizado por el pueblo – las muertes, los atropellos, las detenciones,
los abusos, el costo económico y social en estos tres meses de lucha-
demanda compromisos efectivos y transparentes. No puede ser un acuerdo
que toque sólo los intereses de unos pocos y deje a la deriva los de la
mayoría. Al contrario, es precisamente la consideración de los derechos
generales lo que debe constituir el criterio adecuado y fundamental para
la suscripción de un acuerdo. En ese sentido no se pueden esperar sólo
compromisos políticos y electorales en una crisis que también es
económica y social. Cuando se deja sola a la política tradicional y sus
protagonistas aparecen la corrupción, los intereses particulares y el
clientelismo, y se retoman los ingredientes que dan como resultado las
decisiones equivocadas.
Conviene recordar que este ha sido un golpe de Estado de un modelo de
poder que genera riquezas para unos a costa de crear mayor desigualdad,
inequidad y pobreza para otros. El marco legal que se reclama restituir
no se limita al retorno de Manuel Zelaya a la Presidencia, sino el que
ordena la realización progresiva de los derechos políticos, económicos,
sociales y culturales de toda la sociedad; no de un pequeño sector
privilegiado. En esencia se trata de sentar las bases de una
transformación real, con pasos y objetivos a corto y mediano plazo. Eso
es lo complejo de esta negociación, pero también lo impostergable.
El propósito no debe ser retornar al estatus quo de la Honduras previa
al 28 de junio, sino avanzar, o ¿acaso hemos tenido una sociedad
tolerante, solidaria, plural, deliberativa, objetiva en el análisis de
sus problemas, proponente para enfrentar los desafíos, respetuosa de los
derechos de los demás, sincera respecto a los propósitos de nación,
reflexiva, abierta a las ideas, donde nos reconocemos los unos a los
otros en la misma dimensión de los derechos, con identidad nacional, con
sentido de pertenencia, práctica y coherente en el abordaje de nuestros
problemas?
El golpe puso en evidencia que la imagen de democracia que proyectábamos
como nación no era cierta y que la transición constitucional iniciada en
1982 falló en la construcción de un Estado de Derecho democrático, con
una institucionalidad sólida e incluyente. Su ausencia es lo que explica
el conflicto, la ruptura del orden constitucional, la confrontación, el
irrespeto a los derechos, la decadencia social, la fragmentación y
desintegración. Por muy radical que podría haber sido el discurso del
Presidente Zelaya, jamás explicaría por sí mismo el estallido social de
los pasados meses. Hay mucho cinismo en quienes se asustan de la
polarización existente, cuando el modelo de dominación en Honduras se
fundamenta precisamente en la ausencia deliberada de cohesión social.
Ninguno de los mecanismos clásicos de la cohesión funciona en el país,
ni la educación, ni el trabajo, puesto que la carretera de la movilidad
social está bloqueada.
Esa desintegración, que asume expresiones ideológicas y políticas
concretas, es la que ha ido acumulando grados de tensión e
insatisfacción tan altos que de alguna manera explican la fractura
extrema que tenemos, y eso es clave recordarlo porque relativiza el
papel de los protagonismos personales o de mecanismos de convocatoria
colectiva como los procesos electorales.
La crisis de la sociedad hondureña es coyuntural pero también
estructural y por eso se revela multidimensional, pero en esencia si no
tomamos medidas para empezar a resolver el tema central de las
desigualdades, exclusiones e inequidades, cualquier pacto o acuerdo será
temporal e inestable. Es más, mientras más alejado estén los arreglos de
las raíces del conflicto, más desaprovecharemos esta oportunidad
histórica de transformar al país, como ya ocurrió después del impacto
del huracán Mitch en 1998.
Las biografías personales de las elites de poder y de las bases sociales
en resistencia son tan diferentes, tan disímiles, que la brecha es
imposible de cerrar de manera cosmética o superficial. La intensa
dinámica de protesta de los últimos cien días no ha sido provocada por
una oposición política y social vertebrada, con programas y proyectos
claramente identificables e ideológicamente sólidos. Ese tipo de
oposición, hasta ahora, no ha existido en el país. La mayoría de los
hondureños y hondureñas en resistencia han sido movilizados por una
acumulación silenciosa de humillaciones, de abusos en su contra, de
frustraciones y esperanzas fallidas, pero también por el deseo de contar
con un mejor país. Es la decisión personal que al sumarse a otras se
convierte en una decisión social. Esta no es la rebelión que la
izquierda tradicional aguardó por años; más bien le ha estallado en sus
manos. La palanca que la impulsa es la inconformidad que nace de las
injusticias objetivas, las que se palpan cada día en la violación
consuetudinaria de los derechos más elementales. Cada quien, a su
manera, con mayor o menor grado de entendimiento, anda en la cabeza su
propia deuda social por reclamar. Los que combaten este estallido a
fuerza de dictadura son, paradójicamente, quienes lo han originado y
estimulado, y que niegan reconocer su responsabilidad histórica. El
problema es que sin sentido de culpa, tampoco puede existir
arrepentimiento y a la mesa de negociaciones acuden pensando que siempre
tuvieron la razón y que el pueblo es el equivocado. Esa es la mentalidad
que busca ganar tiempo a las elecciones, no resolver la crisis. El Golpe
de Estado confirmó que lo verdaderamente pétreo en nuestra sociedad no
está en la Constitución, sino la mentalidad de una clase gobernante que
se espanta ante el reclamo de cambios y no quiere ceder ni un milímetro
de sus privilegios.
Ante ese muro de indiferencia, lo que el pueblo en resistencia ha
tratado de impulsar no es ni siquiera una revolución o que le quiten a
los ricos sus fortunas; es más bien un reclamo generalizado a favor de
la equidad y la justicia, que la institucionalidad funcione y se
respete, y que se restablezca la frontera entre lo público y lo privado;
que lo público sea público y lo privado; privado. Que la corrupción, en
fin, deje de ser la pandemia que desnaturaliza al Estado y pervierte el
rumbo de nuestra sociedad. Es la demanda de modernidad política frente
al atraso secular. Obviamente, se requiere más de cien días de lucha y
nuevos liderazgos para lograrlo; sin embargo, cualquiera sea el
contenido del pacto o acuerdo que se llegue a suscribir, Honduras entró
a un proceso de revisión de sí misma. Los cuestionamientos son diversos,
empezando por los conceptos fundacionales de "patria" y "democracia".
Sólo se puede entender como "patria" el lugar donde se reconocen los
derechos y por "democracia" el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ahí
puede nacer el acuerdo o el desacuerdo, como antes lo ha sido hablar de
"golpe" o "sucesión".
Seguramente no será fácil para la Resistencia –y hablo de su dirección-
abordar el tema de estas negociaciones y adoptar las decisiones
correctas. Seguro que está viendo al interior de su alianza con otros
grupos, precisando sus fortalezas y debilidades, sus grados de
coincidencia o desacuerdo (incluyendo el tema electoral), determinando
si Mel Zelaya hablará por ella o tendrá su propia voz. No será fácil,
además, porque las reuniones ya están en marcha, porque al asumir la
representación de muchos tiene que tener un criterio público y porque no
hay defensa real de los intereses del pueblo que no sea ética. Es
posible que haya quienes afirmen que más que ética lo que debe imperar
en la Resistencia es el pragmatismo y que este conflicto debe concluir
porque entró a su fase de cansancio, pero se debe desconfiar de quienes
hablen así porque lo ético –y vale la reiteración del término – es
innegociable; si se pierde ese valor o no se tiene, en cualquier momento
el poder compra. El reto es ganar autonomía, crecer como movimiento
plural pero con unidad de objetivos y sentar las bases de una nueva
convivencia democrática. La que no hemos tenido. Desde la Resistencia
nadie quiere un país destruido; al contrario, lo sueña fuerte. Ahí es
donde cobra mayor sentido la propuesta de elegir una Constituyente, y
también la de contar con una agenda de reformas sustanciales de Estado
–un acuerdo político, económico y social- que garanticen previamente que
una convocatoria de esa naturaleza no sólo sea posible, sino
democrática. El pueblo hondureño quiere un proyecto de país, pero antes
de eso reclama cambios concretos que le ayuden a mejorar sus condiciones
de vida y refuercen su sentido ciudadano de pertenencia a esta nación de
todos y todas.
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